En el año 2006, después de un periodo de convulsiones en todo el país, llega a la presidencia de Bolivia Evo Morales, quien, junto con su partido, el Movimiento Al Socialismo (mas), anunció una modificación de la idea clásica del Estado-nación e inauguró el llamado “Proceso de cambio” en la vida política en el marco de un Estado Plurinacional, que prometía, entre otras cosas, la inclusión de los sectores indígenas en la toma de decisiones.
Este ascenso al poder tiene como antecedentes directos la “Guerra del Agua”, en contra de la privatización de este líquido vital para la vida en Cochabamba bajo el gobierno de Hugo Bánzer, que, con la ley 2029, adjudicó la facultad de gestión a la empresa transnacional “Aguas de Tunari”. Ello trajo como consecuencia el descontento de gran parte de la población que tenía a su cargo el servicio. De esta manera, se forma la “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”, que será el órgano que agrupará tanto a sindicatos como a trabajadores no sindicalizados, entidades autónomas, organizaciones vecinales, campesinos, maestros y estudiantes, al integrar en un solo órgano la multiplicidad de sectores rurales y urbanos, recuperando así la administración del agua.
El segundo antecedente fue la “Guerra del Gas”, levantamiento popular que comienza en febrero de 2003, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada instaura un denominado “impuestazo” del 8% sobre el salario y, sobre todo, la privatización del gas boliviano que iba a ser enviado a Estados Unidos vía Chile, lo que desató grandes protestas, que incluyeron a los sectores de clase media. El conflicto se agudiza con la “masacre de Warisata”, enfrentamiento ocurrido entre comunidades campesinas aymaras de tierras altas y el Ejército, lo que termina en septiembre como un clamor popular por la justicia que logra, una vez más, cohesionar al movimiento conformado por todas las identidades que habitan en Bolivia.
Estos levantamientos sociales lograron desbordar los límites institucionales e imponerse ante la entonces debilitada estructura estatal; sin embargo, después de este cambio de dirección en la vida política, el movimiento indígena-popular se encontró ante la disyuntiva de cómo conducir al país en esta ruptura, por lo cual, para conservar la estabilidad institucional, el entonces vicepresidente, Carlos Mesa, asumió como presidente provisional. Mesa formuló su plan de gobierno en torno a tres ejes principales: referéndum sobre el gas, establecimiento de una Asamblea Constituyente y una reforma a la ley de hidrocarburos, tomando una postura conciliadora ante las distintas perspectivas que se formaron alrededor del gas, pues mientras la Central Obrera Boliviana y el Partido Socialista rechazaron por completo la medida de exportarlo, algunos Comités Cívicos y el sector empresarial la apoyaron.
El mas optó por una postura intermedia que, aprovechando el momento, puso en el escenario político su proyecto de ley, según el cual las contribuciones de las empresas debían ascender a 50%, que acompañó con una serie de bloqueos de caminos convocados en el Chapare, imponiéndose gracias a la fuerza y el número de cocaleros. Como consecuencia de esta fuerza política acumulada, para diciembre del año 2005, apoyado por los múltiples sectores de la población movilizada, el mas triunfa de manera contundente en las elecciones generales.
Este contexto nos ayuda a comprender que una de las demandas centrales del movimiento indígena-popular que inicia en 2000 se relaciona directamente con la gestión de los recursos no renovables por las comunidades, así como con la oportunidad de organizarse al interior de sus propios territorios en su forma particular de política. A pesar de que el protagonismo de las movilizaciones fue llevado la mayor parte del tiempo por los pueblos originarios y los sectores populares, al final será el mas el que conduzca las riendas del nuevo Estado.
El ascenso del mas ocurre en un momento de crisis estructural del aparato estatal boliviano; el mas llegar al poder aún sin una base sólida de plan de gobierno que garantice la autonomía y la gestión de recursos y vuelve a dejar en manos de una estructura estatal las decisiones sobre el asunto público que han afectado a los habitantes de la Amazonía, debido tanto al desconocimiento de la región (en términos físicos, políticos y culturales), como a su negativa por incorporarse a las estructuras sindicales o estatales propias del nuevo Estado llamado “plurinacional”.
Sumado a esto, encontramos que la economía internacional requiere de la conversión de los recursos naturales en commodities, por lo que los países que cuentan con ellos adquieren un valor sin precedentes, impulsando regímenes económicos extractivistas, unidos a la apuesta por megaproyectos, llamados de desarrollo, que suelen ser programas de infraestructura a gran escala con inversiones de millones de dólares. Esto significa que, regularmente, tienen injerencia de empresas extranjeras, privadas y estatales, en mancuerna con los gobiernos locales de los países donde se implementan.
Una de sus principales características es que se construyen en lugares ricos en recursos naturales, pues éstos se han vuelto indispensables para la extracción de energía, así como para su posterior producción y transporte. Bajo la lógica de generar ganancias que, según el discurso oficial, servirán para el desarrollo a través de la creación de más y mejores empleos, así como para el aumento de la calidad de vida de las colectividades en que se asientan y de todo el país, estos planes se han vuelto parte de la agenda política de muchos gobiernos latinoamericanos, siendo elevados en muchos casos a asuntos de interés nacional.
Parte de la estrategia incluye la creación de políticas públicas que permiten la ejecución de los planes diseñados para la región, pues al estar proyectados en ciertos espacios, regularmente habitados por comunidades indígenas que se relacionan de manera distinta que la utilitarista con su entorno, han tenido como consecuencia la generación de conflictos, mismos que van a impactar tanto en la eficacia de la gobernabilidad, como en la capacidad de negociación entre los distintos actores sociales.
Tal es el caso del Amazonas boliviano, una parte del país que se ha encontrado históricamente aislada, en algunos casos por voluntad propia y en otros por la dificultad que supone llegar a estos espacios. Ésta tiene ciertas particularidades naturales que dificultan el hábitat humano: al estar compuesta en su mayor parte por bosque tropical y articulada por ríos, el acceso al lugar se convierte en una especie de reto. De estas fértiles y siempre verdes tierras es posible extraer un sinfín de elementos de aprovechamiento en distintos rubros, como el industrial, cosmético y alimenticio.
Ante el desconocimiento de la región y con la demanda de recursos naturales para el funcionamiento del mercado mundial, las poblaciones asentadas en las orillas del río Beni se han encontrado en confrontación abierta con el Estado por la defensa de sus territorios. Con el ascenso del mas al poder, la pregunta principal que surgió fue ¿será capaz este nuevo gobierno de atender las demandas del mercado internacional y al mismo tiempo respetar y preservar las particulares maneras de vida asentadas en estos espacios?
En este orden de ideas se ha presentado el caso del Bala Chepete, dos espacios ubicados al norte de Bolivia, sobre el río Beni, que es de los más caudalosos del país. Esto ha generado el interés constante de los gobiernos que, desde de la década de 1950, han intentado extraer energía hídrica debido a la impresionante fuerza de su afluente.
