Introducción

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En América Latina, autonomía y antirracismo son procesos emblemáticos de resistencia de las luchas indígenas de la región. En el mundo contemporáneo, el racismo no es solamente una problemática del mundo de las ideas y del mundo individual, sino que ha estructurado las relaciones sociales de poder y es una de las opresiones estructurantes de las desigualdades latinoamericanas y caribeñas. En términos históricos, el racismo también es un fenómeno de opresión ligado a los intereses del capital y a la manera en que el Estado proyecta su vinculación con éste. En muchos casos, el consenso garantiza el disenso, pues el Estado es visto como el principal guardián de los derechos humanos, a pesar de ser también su mayor violador; esta violación ocurre sistemáticamente, para responder a los intereses del capital. En este sentido, el racismo es un proyecto; por ello es necesario investigar cómo han reaccionado las comunidades racializadas a este proyecto histórico de desigualdad y opresión encarnado hoy en día en el capitalismo en su fase extractivista y de despojo.  

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En esta investigación asumimos que racismo, autonomía y antirracismo son categorías problemáticas y latentes en América Latina. Para hablar de sus implicaciones, hemos elegido el caso de Amilcingo, una comunidad nahua ubicada en el oriente del estado de Morelos, México, con el propósito de entender las dinámicas de organización, los procesos, eventos y desafíos de resistencia emprendidos por la comunidad ante la iniciativa energética del Proyecto Integral Morelos y sus consecuentes afectaciones locales. El objetivo central de la investigación es identificar la relación entre autonomía, racismo y antirracismo en la lucha de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, bajo la hipótesis de que Amilcingo y la Asamblea pueden dar respuestas concretas a una realidad histórica de opresión común a América Latina, como el racismo y los planteamientos heterónomos. Para dar respuesta a esta problemática, hemos recurrido a la metodología cualitativa, realizando una inmersión etnográfica en Amilcingo mediante entrevistas y la convivencia con la comunidad, y al uso de la teoría fundamentada, que puede ayudarnos a traducir la realidad social. 

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Así, dividimos este capítulo en tres apartados. En el primero abordaremos los conceptos de autonomía y racismo desde nuestras concepciones y bajo una perspectiva latinoamericana aterrizada al contexto específico de Amilcingo. Partimos de la necesidad de entender que ambos conceptos están presentes en los procesos de resistencia ambiental, aunque no siempre estén en el imaginario colectivo de los y las que resisten a megaproyectos como el Proyecto Integral Morelos. Desde esta lógica pretendemos ensayar un cruce categorial entre autonomía y racismo/antirracismo que sea de utilidad para acompañar y estudiar los procesos de resistencia indígena y ambiental. El segundo apartado presentará una cronología comentada del proceso de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo, en la que se hará énfasis en algunos hitos destacados, a fin de entender tanto el auge del proceso de resistencia, que culmina con la muerte de Samir Flores, como su actual desaceleración. En el tercer y último apartado nuestra percepción sobre el funcionamiento de la autonomía y el racismo/antirracismo con base en nuestra participación en algunos procesos comunitarios de Amilcingo y a partir de las voces que hemos escuchado en nuestro paso por este lugar.

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Antes de desglosar las categorías con las que daremos cuenta de una interrelación relevante para nosotros en los procesos de acompañamiento y estudio de la resistencia indígena y ambiental, vale la pena sintetizar brevemente las razones por las cuales creemos importante retomar un cruce entre estas categorías en este caso específico. Toda vez que partimos de que es posible reconocer potencias autonómicas y antirracistas en las luchas ambientales, aunque no siempre sean declarativas, explícitas o parte de un programa concreto de lucha, consideramos que explicitar las intersecciones posibles entre dichas categorías en tanto prácticas políticas y horizontes de deseo y posibilidad podría llevarnos a formular y entender, de manera más concreta, los marcos de opresión/resistencia presentes en los procesos que acompañamos y de los que participamos. Por ello comenzaremos abordando el concepto de autonomía en el contexto latinoamericano, para aterrizarlo en el entorno de Amilcingo, Morelos; posteriormente haremos lo propio con la noción de racismo/antirracismo.

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Acerca del concepto de autonomía

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Para comenzar habría que reconocer que la autonomía es una categoría de gran amplitud. Si hacemos eco de algunas propuestasde acogida en América Latina, habría tenido un momento de florecimiento como resultado de un denominado “cambio de época” (Modonesi e Iglesias, 2016), que implicó la existencia de unnuevo espacio para luchas descentradas del Estado como únicolugar para el ejercicio del poder político. Dicho descentramientose extiende también al sujeto protagonista del cambio, puesto quela cantidad de actores involucrados en la perspectiva autonómicaes cada vez mayor desde hace al menos tres décadas.4 Poniendoel énfasis en la perspectiva de cambio, ¿a qué transformación serefiere el cambio de época? Es posible proponer que los referentesprincipales de cambio son el auge rampante del neoliberalismo yla tolerancia limitada de la diversidad por medio del multiculturalismo, perspectiva asociada al nuevo entendimiento económicodel mundo social (Calveiro, 2019). Además, la reducción de losmarcos de acción y respuesta de los Estados nacionales relativosal control y su presencia en los territorios da un lugar posibleapogeo de la óptica autonomista en América Latina y el Caribedesde los años noventa hasta la actualidad, ligada parcial o totalmente a un rechazo del neoliberalismo. En esta correlación posible entre vigor del neoliberalismo y auge de la autonomía hay unaveta de discusión amplia en torno a la probable cooptación que elmulticulturalismo ha ejercido sobre el potencial subversivo de lodiverso, lo cual no abordaremos en este artículo.
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Continuando con la discusión, es necesario establecer de manera conceptual los rasgos que caracterizan a la autonomía. Para Modonesi e Iglesias (2016) que implicó la existencia de un nuevo espacio para luchas descentradas del Estado como único lugar para el ejercicio del poder político. Dicho descentramiento se extiende también al sujeto protagonista del cambio, puesto que la cantidad de actores involucrados en la perspectiva autonómica es cada vez mayor desde hace al menos tres décadas. Poniendo el énfasis en la perspectiva de cambio, ¿a qué transformación se refiere el cambio de época? Es posible proponer que los referentes principales de cambio son el auge rampante del neoliberalismo y la tolerancia limitada de la diversidad por medio del multiculturalismo, perspectiva asociada al nuevo entendimiento económico del mundo social (Calveiro, 2019). Además, la reducción de los marcos de acción y respuesta de los Estados nacionales relativos al control y su presencia en los territorios da un lugar posible apogeo de la óptica autonomista en América Latina y el Caribe desde los años noventa hasta la actualidad, ligada parcial o totalmente a un rechazo del neoliberalismo. En esta correlación posible entre vigor del neoliberalismo y auge de la autonomía hay una veta de discusión amplia en torno a la probable cooptación que el multiculturalismo ha ejercido sobre el potencial subversivo de lo diverso, lo cual no abordaremos en este artículo. es claro que los movimientos sociales latinoamericanos surgidos como respuesta al auge neoliberal fueron innovadores y lograron posicionar elementos que no tenían precedentes en el estudio de los movimientos sociopolíticos.Así, mencionan cuatro características principales observables en los movimientos sociales latinoamericanos: 1) la territorialidad de los conflictos, 2) la emergencia política de las comunidades indígenas y de la forma comunitaria como manera de construcción de subjetividades políticas, 3) la construcción de autonomías como horizonte emancipador y 4) la relación con el Estado y el replanteamiento de su lugar en la estrategia política y emancipatoria. Vemos que, para estos autores, la autonomía se convierte en parte de un entramado de características ligadas entre sí, cuyas implicaciones van de la mano con el replanteamiento del carácter de los movimientos sociales y la importancia que ha cobrado, en las últimas décadas, lo que podría denominarse la matriz indígena, misma que ha permeado los escenarios de movilización y antagonismo.

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Según Maristella Svampa (2010), la autonomía también puede entenderse como una matriz sociopolítica. Para la autora, esto implica la permeabilidad y el tránsito posible con otras matrices presentes en el campo contestatario. Junto a esta matriz aparecen la indígena, la de la izquierda tradicional y la nacional-popular. De acuerdo con Svampa, no existen las matrices en estado puro, sino que, más bien, éstas se adecuan a las tensiones de los diversos momentos políticos, los contextos nacionales y los entrecruzamientos posibles con otras matrices. Consideramos relevante recoger sus aportes sobre el entrecruzamiento entre las matrices indígena y autonomista como centro de atención de los repertorios antagonistas de los movimientos sociales latinoamericanos de las últimas décadas.

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La última perspectiva que presentamos, a pesar de que existen muchas otras interpretaciones posibles de las autonomías y de su importancia en el contexto latinoamericano, es la de Aracely Burguete (2010), quien ve en las autonomías un potencial como opción descolonizadora. Conforme esta concepción, las autonomías son incluidas en una perspectiva de larga duración, lo que permite entenderlas como una potencia que puede ser antagonista o permanecer en estado de latencia. Ligar las autonomías a las luchas por la descolonización proporciona un horizonte temporal de mayor duración que el conferido por Svampa (2010) tanto a la matriz indígena como a la autonómica e, incluso, posibilita un cruce de ambas matrices mucho tiempo atrás. Esta concepción temporal de la autonomía es convincente, toda vez que rescatamos la necesidad de entender que lo autonómico es parte de las luchas por la preservación de las formas propias de vida y contra los repetidos intentos de colonización sobre lo indígena. En el horizonte del anticolonialismo hay, además, una veta para entender las luchas por la autonomía y contra el racismo como parte de un mismo conjunto de posibilidades antagonistas.

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Tomando en cuenta lo dicho hasta el momento, nuestra concepción de la autonomía se basa en el reconocimiento del sujeto colectivo indígena como protagonista central, aunque no único, capaz de articular demandas y procesos de corte autonomista. Allí identificamos la importancia actual de la autonomía como fuente de articulación de capacidades de antagonismo, resistencia e incluso de planteamientos emancipatorios. Reconocemos su centralidad en el momento actual de avance del capitalismo vía acumulación por desposesión y de crisis y reconfiguración de los Estados nacionales en América Latina. Dicha reconfiguración trae consigo el engarce de nuevas presiones sobre los territorios indígenas, las cuales se manifiestan en la intromisión de actores armados en los territorios, la imposición de proyectos extractivos en estos territorios, los intentos de desmembrar los procesos de resistencia, entre otros que, como veremos, podemos identificar en el proceso de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo.

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Acerca del concepto de racismo

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El racismo es uno de los principales ejes constitutivos de las sociedades latinoamericanas y ha sido la base principal para que la diferencia y la diversidad humanas den lugar a prácticas de opresión, exclusión y marginalización. Si bien se trata de un fenómeno histórico, se ha transformado considerablemente durante los últimos años. El racismo surgió, necesariamente, como una idea que hizo posible hablar de razas humanas inferiores y superiores, al tiempo que propuso cualidades y características esenciales para explicar el comportamiento, la moral y la calidad de los individuos. 

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El racismo científico, surgido entre los siglos xviii y xix, fue primordial para el auge de las teorías racistas y racialistas. En ese momento, bajo la influencia del pensamiento de la Ilustración, muchas teorías científicas afirmaban que la diversidad humana podía ser entendida por la existencia de razas humanas superiores e inferiores. Las teorías racialistas y racistas que aparecen en esta época coinciden con el momento en que se conforman las identidades nacionales en América Latina. Aún bajo la influencia del periodo colonial, los países ahora independientes formularán su identidad nacional siguiendo la lógica de la existencia de razas superiores e inferiores; ésta provoca la exclusión de los sujetos racializados hacia la inferioridad y, en muchos casos, promueve prácticas discursivas o materiales relativas al blanqueamiento de su población como método constitutivo del desarrollo en el porvenir.

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Así, el color de la piel, el fenotipo y los rasgos físicos serían las principales matrices de diferenciación y marca de lo que podría ser considerado un ser humano superior o inferior. Esa marca social/racial legitimaría el estatus de los individuos o grupos subordinados, esclavizados, explotados y desprovistos de derechos políticos. Por eso Fanon (2008) dice que la raza es un signo. La racialización de los individuos hacia la inferioridad constituye una referencia o marca del lugar que ocupan en la sociedad. Conforme esta escala, los individuos blancos de América Latina, con rasgos más cercanos al modelo europeo, ocuparían un lugar de privilegio y serían vistos como seres superiores, mientras los negros e indígenas estarían condenados a un estatus de inferioridad. El color de la piel no sólo determina las posibilidades de movilidad social en América Latina; también ha servido como referencia para hablar de comportamientos y características innatas poseídas, supuestamente, por los individuos (Wieviorka, 2009).

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El racismo es, por lo tanto, un sistema de poder, una relación social que estructura política y económicamente a los sujetos de acuerdo con diferentes escalas de privilegios y desventajas. El racismo organiza, caracteriza y diferencia a los individuos a través de rasgos que, históricamente, remiten a la derrota colonial (Segato, 2007). En el caso latinoamericano, raza y etnia han operado como las principales marcas históricas de la diferenciación social. Ser negro o indígena remite al estado de opresión implantado por el sistema colonial, mismo que permanece intacto aun finalizado este periodo, al menos en el análisis temporal, y sigue operando en la cotidianidad de millones de personas de la región, determinando sus posibilidades de acceso a servicios, trabajo e incluso a permanecer con vida.

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Así, con base en el color de la piel o la pertenencia a un grupo étnico específico, el racismo ha sido capaz de crear fronteras de oportunidad mediante un conjunto de ideas (los seres humanos son diferentes y las diferencias están vinculadas a una pertenencia étnico-racial) y de prácticas (a nivel institucional, político o social). Si bien el racismo opera en el campo ideológico, tiene un efecto concreto en las prácticas cotidianas. Asimismo, impacta directamente en la forma en que los sujetos racializados hacia la inferioridad enfrentan la exterioridad del mundo en su contacto con las instituciones políticas y en sus relaciones sociales y económicas. El racismo estructura el poder, las relaciones socioeconómicas y políticas por medio de la jerarquización, la diferenciación y la marginalización de los individuos. Si el racismo es una relación de poder, ésta es siempre una relación asimétrica, pues los sujetos que intervienen en esa relación nunca están en igualdad de condiciones y algunos son víctimas históricas de la exclusión y la marginación. La cuestión étnico-racial es un factor esencial que marca las disparidades y diferencias de este sistema de poder. Ser negro o indígena es una prisión en una zona del no ser (Fanon, 2008).

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En sus distintas formas de manifestación, porque el racismo es un sistema con distintas referencias y marcadores que dependen del contexto en el cual está inserto, éste instituye procesos para asignar a los individuos una marca referencial, racial o étnica. Por su condición estructural, establece jerarquías y desequilibrios socioeconómicos y políticos, haciendo que los sujetos étnico-raciales marginalizados experimenten asimetrías en el “acceso a bienes, recursos, servicios, el derecho a un tratamiento igual, o en el lugar que se ocupa en un orden arbitrario de jerarquías” (Campos García, 2014: 1). A estos procesos los llamamos “racialización”, para dar cuenta de cómo la población negra o indígena tiene más probabilidades de ser víctima de la marginalización o la exclusión. Así, además de crear sujetos racializados (raza y etnia como una marca esencial), el racismo estructura las disparidades en los ingresos, en el nivel de escolaridad, en el acceso a un sistema de salud digno, la movilidad social, la justicia y la violencia. Ser negro o indígena puede ser una condena bajo las condiciones de desigualdad instauradas por el racismo. 

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Estas afirmaciones equivalen a decir que el racismo, además de ser un fenómeno histórico y estructural, que crea diferencias, jerarquías y marginaliza a los individuos con base en su marca fenotípica o cultural, es capaz de crear fronteras y geografías espaciales muy evidentes en los territorios donde se hace presente. Muchas veces es “fácil” ubicar el espacio social y geográfico ocupado por algunos sujetos racializados, como los indígenas en el ámbito rural de México, la población negra concentrada en las favelas en Brasil y la población negra y afrodescendiente de la costa del Pacífico en Colombia. Por lo que, aunado a la diferencia y la exclusión, el racismo produce una racialización de espacios, creando fronteras físicas, culturales, políticas, ambientales, jurídicas y sociales para los sujetos racializados (Wade, 2020). 

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Asimismo, puede ser un factor esencial para analizar las desigualdades sociales y otros procesos, por ejemplo, el despojo de tierras de poblaciones indígenas, negras y afrodescendientes en América Latina. En los últimos años ha ganado mucha fuerza el debate en torno al racismo ambiental. El término fue acuñado por primera vez por el movimiento negro en Estados Unidos, para denunciar los impactos que sufriría la población negra de Warren County, California del Norte, con la instalación de un vertedero de residuos tóxicos en su comunidad (Herculano, 2014). 

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La presión ejercida por la comunidad fue ganando mucha atención hasta que, en algún momento, la población se dio cuenta de que la gran mayoría de los vertederos (tres cuartas partes de los vertederos de residuos tóxicos localizados en la región sureste de EE.UU.) estaban ubicados en geografías con amplia presencia negra. Por ende, la denuncia contra el racismo ambiental implica decir que las poblaciones racializadas hacia la inferioridad son impactadas en diferentes escalas, y de manera asimétrica, por una desigualdad ambiental o urbana, siempre justificada por un discurso y prácticas de proyectos desarrollistas. En el caso de la población negra de EE.UU., por ejemplo, la instalación de vertederos podría traer grandes beneficios para la región en general. Sin embargo, su ubicación “privilegiada” en zonas de comunidades negras traería muchos impactos y desventajas para este grupo. 

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Como se ve en este ejemplo, el racismo ambiental implica una desigualdad ambiental; los individuos racializados hacia la inferioridad no tienen las mismas posibilidades de acceso a recursos necesarios y comunes. La desigualdad ambiental supone una práctica racista, porque sus impactos se concentran sobre las comunidades más vulnerables. El despojo, la inercia o la acción directa del Estado favorecen los procesos de marginalización. Sus acciones desconocen las condiciones históricas y los planteamientos de los sujetos racializados hacia la inferioridad afectados por los proyectos. En América Latina es muy común que el racismo ambiental esté combinado con los intereses del Estado y del capital privado. En las últimas décadas, los megaproyectos de infraestructura son un claro ejemplo de racismo ambiental. 

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Moreno Parra (2019) ofrece algunos instrumentos de análisis para identificar prácticas de racismo ambiental. Según este autor, por estas prácticas podríamos identificar: 

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1. desigual exposición a riesgos e impactos ambientales de comunidades históricamente marginalizadas; 
2. participación activa o negligente del Estado en los procesos de creación, regulación o implementación de proyectos que provocan impactos desproporcionados hacia esas comunidades; 
3. manifestación de despojo o acumulación por desposesión de territorios ancestrales; 
4. ejercicio de la violencia en contra de representantes de la comunidad e impactos en la salud;
5. impactos en los modos de subsistencia de las poblaciones históricamente marginalizadas;
6. vínculo de determinadas prácticas con la acumulación capitalista y los intereses del capital privado. 
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Además, es necesario recalcar que, cuando hablamos de racismo en sus distintas manifestaciones e implicaciones, hablamos de violencia (Borges, 2022). Si analizamos la violencia en sus múltiples facetas no visibles (simbólica, normalizada y estructural), es posible decir que el racismo cumple con todos los requisitos para pensarlo de manera indisociable de la violencia. Racismo y violencia son fenómenos omnipresentes, continuos, no esporádicos y arraigados en las relaciones sociales. La violencia racial produce y reproduce estructuras de desigualdad reales mediante hechos concretos de violencia física (muerte o daño), pero también a través de violencias no visibles, como la violencia estructural (prácticas históricas en contra de ciertos grupos de la sociedad), simbólica (que afectan la integridad moral de las víctimas) y normalizada (cuando la violencia parece ser una lógica natural ejercida en contra de determinados grupos). Las violencias no visibles instauradas por el racismo se traslapan de manera continua y dependen una de la otra para producir efectos concretos en la realidad (Bourgois, 2009). 

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Sin embargo, asumimos que el racismo y la violencia no siempre son el punto final de esas relaciones asimétricas. Es cierto que ambos fenómenos buscan disciplinar y castigar a ciertos individuos por medio de lógicas de opresión, dominación y marginalización de las relaciones sociales. Pero también es necesario señalar hasta qué punto la emergencia de dichos fenómenos posee un efecto organizativo, según el cual los individuos afectados por el racismo y la violencia responden a determinados eventos creando una especie de ética popular para prevenir o frenar un daño mayor en contextos específicos. Así, se configura una ética popular frente a la violencia que surge de la frustración o sentimiento de impotencia de los individuos afectados por ciertos eventos (Ayuero y Álvarez, 2014). Asimismo, es muy importante analizar que los procesos de violencia implantados por el racismo adquieren un carácter de memoria cuando los individuos víctimas de estos eventos refieren la violencia no sólo como un hecho concreto del pasado, sino también para aludir a acciones y relaciones del presente. Ésta influye en el modo en que los grupos racializados hacia la inferioridad han sido capaces de vivir y sobrevivir en contextos donde la violencia y el racismo ya no son fenómenos extraordinarios, sino ordinarios, visibles, nombrados, sean reconocidos o no (Das, 2007).

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Uno de los más claros ejemplos de éticas populares frente a la violencia y el racismo son las luchas y movimientos antirracistas que ganaron fuerza a nivel mundial desde la década de 1960, para contestar y denunciar el racismo como una estructura de las desigualdades sociales presentes en muchos países, pero también para reivindicar nuevos espacios, categorías sociales y políticas, demandar y proponer cambios dirigidos a subvertir la racialización de la pobreza, la inserción de poblaciones étnico-raciales en el mercado laboral, académico y político. Todas esas cuestiones y reivindicaciones suponen, como primer paso, el reconocimiento del racismo estructural de las sociedades y de los retos que implica subvertir sus estructuras estables. Por lo tanto, una lucha antirracista es, necesariamente, un movimiento que reconoce la particularidad del racismo como promotor de desigualdades históricas a nivel social, político y económico. Tras el reconocimiento, la lucha antirracista se esfuerza por presentar propuestas que tiendan a superar y mitigar ciertos fenómenos, y a identificar el rol central que las poblaciones históricamente marginalizadas hacia la inferioridad racial y social pueden desempeñar en esos procesos de reformulación y contestación.

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Cronología de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo

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Amilcingo es una comunidad nahua localizada en el municipio de Temoac, al oriente del estado de Morelos. En los últimos años ha tenido una alta visibilidad debido a la resistencia de sus habitantes contra el Proyecto Integral Morelos en 2016. La resistencia en Amilcingo ganó más espacio de atención tras el asesinato de Samir Flores Soberanes en febrero de 2019. En esta cronología queremos dar cuenta de los hitos que llevaron a la movilización de un colectivo de personas del pueblo e implicaron la posibilidad de organización y asociación con otras colectividades, pero, sobre todo, la conciencia de que la movilización y la organización han dado frutos y perspectivas de futuro a quienes participaron en ella ante cualquier otra coyuntura o eventualidad que pueda presentarse en Amilcingo.

El Proyecto Integral Morelos

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El Proyecto Integral Morelos (pim) fue anunciado en 2008 por el presidente Felipe Calderón. Su inicio oficial se produjo en 2011, cuando las licitaciones para su puesta en marcha fueron otorgadas a las empresas españolas Abengoa y Elecnor. El pim consiste en la construcción de dos termoeléctricas en Huexca y de un gasoducto destinado a suministrar gas natural a las mismas. El gasoducto tiene una extensión de más de 160 kilómetros y atraviesa los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. En Morelos, el gasoducto se ubica en los municipios de Ayala, Jantetelco, Temoac y Yecapixtla. El paso del gasoducto significó la afectación de las tierras de la comunidad de Amilcingo, ubicada en el municipio de Temoac. Asimismo, el pim instaló un acueducto abastecido por el río Cuautla para el enfriamiento de las turbinas de las termoeléctricas y una red de transmisión de energía eléctrica (González Chévez, 2020). 

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A pesar de ser un proyecto de Estado, el gobierno federal concesionó el pim a tres empresas españolas. Elecnor y Enagás serían las responsables de la construcción del gasoducto que atravesaría los municipios y la empresa Abengoa (empresa ya conocida por los daños que causó en Bolivia en el año 2000 por la privatización del agua y los procesos de despojo asociados a ésta) fue asignada para la construcción y operación de las termoeléctricas. Uno de los discursos gubernamentales que justifican el desarrollo del pim fue la necesidad de aumentar la capacidad productiva de generación de energía eléctrica para la región. Sin embargo, los reportes de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (cfe) apuntaban que la capacidad ya era suficiente antes del proyecto. Por lo tanto, el principal eje del Proyecto Integral Morelos es la apertura del mercado a inversiones privadas en el sector energético a mediano y largo plazo.

Tanto las comunidades afectadas como organizaciones sociales y académicos han expuesto los diversos impactos del pim, entre ellos, la amenaza volcánica, pues el gasoducto que transporta el gas natural pasa por zonas consideradas rutas de evacuación; la presión sobre el medio ambiente, el aire, el suelo y el agua; el despojo a que dan lugar las eventuales necesidades de desalojo de personas de tierras de interés para el proyecto. A ello se suman la desinformación en los procesos de consulta y socialización del proyecto; la escasez de recursos hídricos para su funcionamiento e innumerables modificaciones al alcance original de su Manifestación de Impacto Ambiental (mia). Asimismo, las comunidades han denunciado la criminalización de las protestas sociales, la represión, la violencia y el encarcelamiento de líderes sociales, sobre todo en Puebla y Morelos. Hasta 2020, el pim no había iniciado sus actividades debido a los amparos jurídicos gestionados por las comunidades. En julio de 2019 Amilcingo obtuvo un amparo para la suspensión de la construcción y operación del gasoducto que atravesaría su región (buap, 2019). Lili, con quien hablamos en nuestras visitas a Amilcingo, se refiere así a los peligros asociados al pim:

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Nos ha tocado ir a Huexca, sobre todo en las noches, para escuchar los ruidos de las turbinas, que están cerca de escuelas primarias, secundarias y jardín de niños […] Todo eso [la contaminación, el ruido y el gasoducto] sigue siendo un peligro para nosotros, no se han ido, [los peligros] van a existir mientras exista la termoeléctrica. ¿Qué otros peligros más no podríamos sumar? Nuestra zona de evacuación también atraviesa el gasoducto (entrevista con Lili el 12 de julio de 2022). 

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A pesar de ser un proyecto de carácter neoliberal, el pim no encontró resistencias en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Más bien, se sumó a la lista de megaproyectos estrella del presidente, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec y el Aeropuerto de Santa Lucía. Los ejidatarios de Amilcingo creían que con el ascenso de López Obrador y la llamada Cuarta Transformación (4T) ganarían un aliado para la lucha de las comunidades afectadas. En este sentido, en 2014 López Obrador había afirmado en Yecapixtla su compromiso en contra del gasoducto y la termoeléctrica. Más tarde, en 2018, durante la campaña presidencial, pidió a las comunidades que esperaran a su gobierno para detener las actividades del pim. Un año después, el gobierno de AMLO decidió realizar una encuesta de Ejercicio Participativo para consultar a las comunidades sobre el inicio de operaciones de las termoeléctricas y el gasoducto. 

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La encuesta se realizó entre el 23 y 24 de febrero de 2019 y en ella se identifican muchos vicios. El primero tiene que ver con que fue aplicada en todo el estado de Morelos y en los municipios de Puebla y Tlaxcala, por lo que no consideró exclusivamente a las comunidades afectadas por el gasoducto. Mucho menos tomó en cuenta su carácter indígena, en cuyo caso procedería la consulta previa, libre e informada derivada del Convenio 169 de la oit ratificado por México. La 4T sumó su apoyo al pim y señaló que su no operación provocaría un desfalco económico muy grande para el país. A lo largo de la encuesta, el gobierno proyectó en las hojas de votación mensajes sobre las supuestas ventajas inherentes al voto por el mantenimiento de las operaciones. En los municipios de Morelos afectados por las actividades del pim, el no ganó rotundamente, lo que demuestra que “el pim no cuenta con licencia social para operar” (González Chévez, 2020: 158). 

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La resistencia contra el pim se intensificó tras el asesinato de Samir Flores en Amilcingo, apenas tres días antes de la realización de la encuesta. Samir Flores era uno de los líderes más influyentes en la organización de la resistencia contra del Proyecto Integral Morelos y en la defensa de la autonomía de los pueblos sobre la tierra y el agua. A pesar de su brutal asesinato en la puerta de su casa y de las demandas para que se cancelara la consulta, el gobierno federal mantuvo la encuesta. De acuerdo con los datos oficiales, 59.5% votaron a favor del pim y 40.1% en contra. El gobierno estimaba que la encuesta contaría con la participación de, aproximadamente, un millón y medio de personas. Sin embargo, sólo participaron 55,000. En algunas comunidades, como Amilcingo, las casetas de votación fueron clausuradas por la población para demostrar su rechazo a la consulta y denunciar que el asesinato de Samir Flores fue un castigo directo a su lucha contra el pim y las acciones del gobierno. A pesar del bajo nivel de participación, el gobierno avaló los resultados de la encuesta. En 2020, el gobierno de López Obrador anunció que reanudaría las obras del proyecto y, a finales de 2021, la cfe comunicó el inicio de las actividades de la termoeléctrica de Huexca.  

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Los seis principales ejes mencionados por Moreno Parra (2019) permiten constatar que el Proyecto Integral Morelos es un ejemplo de práctica de racismo ambiental. El pim genera una exposición desigual a riesgos sociales y ambientales a las comunidades en las que se ubica; a ello se suma la participación ambivalente del Estado, que interviene directamente en el proyecto, al tiempo que es negligente e ignora las demandas de las comunidades afectadas. Por otra parte, el proceso de implementación estuvo marcado por prácticas de despojo de tierras ancestrales (ejidos) y de violencia; por último, el Proyecto Integral Morelos también revela una asociación explícita entre el Estado mexicano y los intereses del capital transnacional.

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La Asamblea en Resistencia de Amilcingo

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La Asamblea en Resistencia de Amilcingo surge en abril de 2016, tras la represión ejecutada por el Estado y las empresas involucradas en la construcción del gasoducto en la región. En esta ocasión, los comuneros que buscaban retirar los tubos del gasoducto que serían instalados en la zona sufrieron agresiones físicas por parte del cuerpo militar del Estado apostado allí. El evento es conocido en la comunidad como “represión del 2016” y fue importante para movilizar incluso a grupos disidentes que apoyaron el proyecto. En este momento, la comunidad de Amilcingo se dividió en dos grupos: la Asamblea en Resistencia, que se posicionaría en contra de los proyectos de despojo y de la instalación del gasoducto y el “grupo de choque”, el movimiento de oposición a la Asamblea, que apoya el pim. 

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La Asamblea y el “grupo de choque” tienen visiones distintas sobre el proceso de toma de decisiones en la comunidad. Los militantes de la Asamblea en Resistencia defienden prácticas propias del autogobierno y del sistema de usos y costumbres para normar y organizar la vida social en Amilcingo. El grupo de choque, por su lado, se acerca más a la institucionalidad y el clientelismo de los partidos políticos tradicionales de México, principalmente del pri, y en innumerables ocasiones ha minado la importancia del sistema de usos y costumbres en los procesos de toma de decisión sobre acciones que afectan a la comunidad. Por lo tanto, desde la fundación de la Asamblea frente al pim, se hizo explícita la división en la comunidad. 

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Por ello es comprensible que la Asamblea en Resistencia sea un proceso organizativo que busca reunir y comunicar a los habitantes de la comunidad temas importantes para Amilcingo. En un primer momento se dedicaba a difundir información y a organizar movilizaciones contra el pim. Posteriormente, desempeñó un papel importante en el reconocimiento y funcionamiento de la Escuela Primaria “Samir Flores Soberanes”, clausurada temporalmente por la Secretaría de Educación Pública (sep) tras el terremoto de septiembre de 2017. Dicha clausura estuvo rodeada de cuestiones políticas, ya que el grupo de choque de la oposición abogó por la centralidad de las actividades educativas realizadas en otro recinto educativo de Amilcingo. Entre las principales banderas enarboladas por la Asamblea figura el reconocimiento del derecho de la comunidad a las consultas previas, libres e informadas.

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La Asamblea cumple un papel pedagógico importante. Uno de sus fundadores fue Samir Flores. El líder nahua empezó realizando reuniones en el centro de la comunidad, aunque la Asamblea también tenía otras formas de difusión de información, como la radio comunitaria Amiltzinko 100.7. Ésta informaba sobre el pim, pero también promovía actividades en la comunidad. Asimismo, Samir Flores impulsaba actividades de agroecología y señalaba la importancia del uso de la tierra y del agua.

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Además del despojo de sus tierras, los participantes de la Asamblea siempre cuestionaron la desinformación en torno al Proyecto Integral Morelos. En este sentido, consideran que la comunidad nunca fue informada apropiadamente de los verdaderos impactos del proyecto en cuestiones sociales, ambientales y económicas. Frente a esos desafíos, y ante la necesidad de reafirmar la autonomía y los derechos de la comunidad de Amilcingo sobre sus territorios, es que se conforma la Asamblea en Resistencia. Tras la represión de 2016, la Asamblea vive un momento de auge, contando con la participación y el activismo de más de 100 familias. En ese momento, la propia integración de los disidentes del grupo de choque reforzó la identidad del grupo perteneciente a la Asamblea, pues es claro que la identidad colectiva de una comunidad muchas veces se forja en el contexto de episodios de peligro inminente. Por lo tanto, ubicamos al pim como un choque moral en la comunidad de Amilcingo. Sin embargo, tras la muerte de Samir Flores, la Asamblea fue perdiendo participación y la comunidad quedó dividida entre los dos proyectos en disputa interna: el proyecto de resistencia de la Asamblea y el institucionalismo del grupo de choque.

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Asesinato de Samir Flores

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Un tercer hito en el proceso de resistencia de las y los pobladores de Amilcingo es el asesinato de Samir Flores, hecho que sigue sin ser esclarecido. Samir Flores fue asesinado el 20 de febrero de 2019 con la aparente complicidad de personas ligadas al grupo de choque y del pri. Sirva recalcar que su asesinato marca un antes y un después en el proceso de la Asamblea en Resistencia constituida en el pueblo, porque, aunque el proceso venía ya en vías de contracción, este hecho terminó de sellar la reducción de las posibilidades de participación en este escenario de resistencia. No puede olvidarse que el asesinato de líderes carismáticos y de importancia mayor en los procesos de resistencia étnicos, raciales y ambientales es una estrategia empleada frecuentemente por gobiernos y empresas para favorecer su desarticulación, en tanto los mismos se configuran como obstáculos para la implementación o funcionamiento de diversos proyectos extractivos. 

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El análisis efectuado por los participantes de la Asamblea sobre el asesinato de Samir está orientado a señalar que había intereses de gran envergadura ligados al gobierno y a la facción del Partido Revolucionario Institucional (pri) que querían acallar el impulso del que éste dotó a la lucha de los y las participantes en la Asamblea. Así lo señala Liliana, compañera de Samir, como parte de sus apreciaciones respecto al asesinato: 

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Creo que la gente, las personas que viven ahí cerca no tienen conciencia de este peligro. ¿Qué podemos hacer con la gente que no ha estado defendiendo su territorio, sus derechos y que está dejando que estén decidiendo por ellos? Hasta que te toca a algún familiar, reaccionaremos. A veces ni eso. A veces es el miedo o el conformismo que tenemos [...] Yo espero muchas cosas. Soñamos mucho, pero esperamos que las semillas que dejó Samir puedan traer la conciencia y reflexionen sobre las necesidades de la comunidad y para que sean ellos los que vuelvan a fortalecer la lucha de la resistencia (entrevista con Lili, el 12 de julio de 2022).

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Varios testimonios dan cuenta de la percepción de que existen hilos que se movieron a nivel de las esferas políticas para concretar el asesinato de Samir; éste implicó el perfilamiento del luchador social y de otros y otras participantes en el proceso de la Asamblea. Un aspecto importante a considerar es que el asesinato de Samir Flores ocurrió un día después de que cuestionara al representante del gobierno federal sobre el pim. En ese momento, el superdelegado federal en Morelos, Hugo Éric Flores, lideraba un evento dedicado a destacar las ventajas del megaproyecto días antes de que se llevara a cabo la encuesta participativa. En este hecho es posible observar una práctica clásica del racismo: la manera en que diferentes entes elaboran el perfil de una colectividad caracterizándola como peligrosa, revoltosa o subversiva, lo que les permite producir y legitimar acciones públicas y privadas contra ésta. En buena medida, eso ocurrió con Samir; así, con este infame hecho lograron acallar su voz de protesta. Valdría la pena señalar que ciertas versiones vinculan a Morena y al gobierno federal con facciones del pri en la materialización del asesinato de Samir. 

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Las repercusiones de este asesinato no sólo se dejaron sentir a nivel local; el hecho también tuvo resonancia a nivel regional, nacional e internacional. Dado que la Asamblea en Resistencia se vinculó de manera autónoma con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Tlaxcala, Puebla y Morelos (fpdta-tpm) y con el Congreso Nacional Indígena (cni) y los procesos zapatistas, diversas organizaciones relacionadas con estas colectividades de presencia regional y nacional le dieron gran difusión y expresaron su enorme rechazo ante este hecho. Por otra parte, no debe olvidarse que Samir se reconocía sí mismo como nahua, lo que otorga un carácter diferencial a su asesinato, pues se da en contra de un miembro de un pueblo indígena.  

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En la actualidad, el proceso de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo se encuentra en estado de recogimiento hacia su interior. Tras el momento ascendente de la movilización, específicamente contra la inauguración de la termoeléctrica de Huexca y el paso del gasoducto por los territorios ejidales, además del aún impune asesinato de Samir Flores, la organización y la resistencia colectivas de Amilcingo atraviesan un momento de calma relativa. Las personas que han hecho parte de este proceso están aportando a otros procesos dentro y fuera de la comunidad e incluso siguieron con sus ocupaciones cotidianas tras haber sentido la necesidad de movilizarse por el bienestar comunitario.

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El proceso de resistencia de la Asamblea desde algunos de sus participantes

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En este último apartado buscaremos dar cuenta de algunas de las líneas principales del proceso de la Asamblea en Resistencia desde las voces y visiones de algunas de las personas que participaron en ella. Nuestra intención es dar relevancia a los testimonios de quienes estuvieron presentes durante la resistencia, para ampliar los análisis posibles sobre las implicaciones del pim en el proceso de la Asamblea. Así, propondremos dos líneas de análisis. En primer lugar, nos referiremos a la coyuntura de afectaciones posibles a la autonomía y a la manera en que su planteamiento puede interpretarse como el sustrato material de un racismo estructural velado con implicaciones concretas en la vida de los pueblos. En segundo lugar, propondremos una lectura de los procesos emprendidos por la Asamblea como respuesta a la coyuntura y a la situación estructural de racismo, los cuales apuntan a formas otras de sociabilidad desde la autonomía. 

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Para comenzar, es claro que el proceso de la Asamblea surge como respuesta a un peligro específico e inminente: la construcción de un gasoducto en medio de las tierras ejidales de Amilcingo, cuestión enmarcada en una iniciativa de mayor envergadura, el ya mencionado Proyecto Integral Morelos. Frente a esto, lo primero que se plantea es la necesidad de salvaguardar no sólo las tierras, sino también el bienestar de las personas del pueblo. Paco, participante de la Asamblea, lo  enuncia de la siguiente manera:

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El gasoducto va a atravesar por el campo de Amilcingo […] El gasoducto es un gas pues que no huele, pero sí es explosivo. Entonces nosotros tenemos un terreno por allá abajo, donde pasa el gasoducto cerca. Está canijo, ¿no? Porque nosotros no sabemos en el tiempo si alguno de mis hijos vaya a vivir allá, si va a ser perjuicioso, ¿no? Todos vamos a salir perjudicados, más que nada los que vienen, mis hijos, las futuras generaciones (entrevista realizada con Paco el 12 de julio de 2022). 

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Resulta evidente que la preocupación está enmarcada en la concepción colectiva de la tierra. El gasoducto atraviesa los territorios ejidales de la comunidad y representa un peligro para quienes tienen terrenos y trabajan cerca de las zonas en que tiene lugar el paso de una sustancia inflamable por los tubos que transportan el gas, pues el contacto con algún reactivo puede generar una explosión y afectar sus vidas. Más tarde, Lili también mencionó su preocupación por los impactos que podría provocar la instalación de los tubos en las tierras ejidales. 

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Un segundo aspecto relevante tiene que ver con la falta de consulta sobre el proyecto en general y sobre el paso del gasoducto por los terrenos de Amilcingo en particular. En la entrevista que Marina Corrêa (2020) realizó con Samantha César, una persona cercana y participante de la Asamblea en Resistencia, se menciona que el proceso de consulta previa no se efectuó en los 82 pueblos afectados por el proyecto. En cambio, se realizó un proceso amañado, mediante el cual se consultó de manera general a personas que no estaban expuestas a las afectaciones directas del proyecto si estaban de acuerdo o no con el pim en su conjunto, a sabiendas de que estas personas eran mayoría. Por ende, se pasó por encima de las poblaciones verdaderamente afectadas por el proyecto en su territorio. Ceci, otra de las participantes de la Asamblea, sostiene en relación a este punto: “Con lo de la termoeléctrica, el presidente dijo que iba a defender las tierras, que si el pueblo decía que si la termoeléctrica no iba, es que no iba a ir. Entonces, ¿por qué después decide que sí?” (entrevista con Ceci, 12 de julio de 2022). El testimonio de Ceci pone de manifiesto la inconformidad sobre la manera en que se dio el proceso de consulta y las irregularidades que lo caracterizaron. También se evidencia la inconformidad con lo que se lee como una contradicción presidencial: en términos discursivos se habló de defender los territorios y luego se traicionó dicha promesa, con el argumento de que la consulta arrojó resultados positivos para el proyecto.

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Un segundo aspecto relevante tiene que ver con la falta de consulta sobre el proyecto en general y sobre el paso del gasoducto por los terrenos de Amilcingo en particular. En la entrevista que Marina Corrêa (2020) realizó con Samantha César, una persona cercana y participante de la Asamblea en Resistencia, se menciona que el proceso de consulta previa no se efectuó en los 82 pueblos afectados por el proyecto. En cambio, se realizó un proceso amañado, mediante el cual se consultó de manera general a personas que no estaban expuestas a las afectaciones directas del proyecto si estaban de acuerdo o no con el pim en su conjunto, a sabiendas de que estas personas eran mayoría. Por ende, se pasó por encima de las poblaciones verdaderamente afectadas por el proyecto en su territorio. Ceci, otra de las participantes de la Asamblea, sostiene en relación a este punto: “Con lo de la termoeléctrica, el presidente dijo que iba a defender las tierras, que si el pueblo decía que si la termoeléctrica no iba, es que no iba a ir. Entonces, ¿por qué después decide que sí?” (entrevista con Ceci, 12 de julio de 2022). El testimonio de Ceci pone de manifiesto la inconformidad sobre la manera en que se dio el proceso de consulta y las irregularidades que lo caracterizaron. También se evidencia la inconformidad con lo que se lee como una contradicción presidencial: en términos discursivos se habló de defender los territorios y luego se traicionó dicha promesa, con el argumento de que la consulta arrojó resultados positivos para el proyecto.

Punto y aparte merece mencionar que Amilcingo es una comunidad que se rige por el sistema de usos y costumbres y posee raigambre de ascendencia nahua. Por ello debió ser sujeto de una consulta previa sobre el paso del gasoducto por su territorio. Sin embargo, el proyecto burló e hizo caso omiso de la normativa internacional vigente en el país a través del Convenio 169 de la oit, que regula las medidas de consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho los pueblos indígenas. Además de ser una falta grave a la autonomía, esto da cuenta de las connotaciones negativas con que se consideró a la población indígena de la zona: no fueron tomados en cuenta como sujetos de derecho para decidir si querían permitir o no el paso del proyecto por su territorio. Es más, en algún punto, ante los justos reclamos de estos pueblos por el ejercicio de sus derechos, el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, estigmatizó la resistencia y organización planteada contra el pim en diferentes lugares de la zona de influencia del proyecto, empleando apelativos como “radicales de izquierda” y “conservadores” contra varias expresiones organizadas, entre ellas, la Asamblea de Amilcingo.

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En concreto, se estigmatizó la resistencia consolidada a nivel territorial, lo que tuvo efectos evidentes. La población en resistencia fue considerada peligrosa, radical, revoltosa, etc., con las implicaciones que esto conlleva en materia de seguridad pública y de seguridad de quienes participaban en esos procesos. Adicionalmente, en términos ideológicos esto supone una fuerte carga de discriminación contra quienes resisten la imposición de proyectos energéticos en sus territorios; exigir colectivamente el respeto a la autonomía para decidir sobre el territorio los convierte, tarde o temprano, en un enemigo público susceptible de ser violentado e incluso aniquilado. Esto es muy grave si se tiene en cuenta que la Asamblea tiene raigambre nahua.

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Asimismo, reviste gravedad que se hayan ignorado las concepciones colectivas de los territorios, con el argumento de promover el bien común nacional. En ese sentido, el pim se presenta discursivamente como uno de los proyectos más necesarios a nivel nacional en términos energéticos. Su necesidad se justifica, incluso, por encima de la seguridad, el bienestar y los derechos de algunas poblaciones, lo que demuestra la lógica de imposición y coerción ejercida sobre los pueblos indígenas de la región, un mal común que continúa siendo perpetrado por un gobierno que se hace llamar progresista. 

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Esta manera de reprimir e ignorar las demandas de la gente sobre sus propios territorios sirve también para hacer valer el racismo estructural, toda vez que supone la represión de ciertos sujetos y la creación de barreras físicas o simbólicas que impiden lograr condiciones indispensables para la vida. Asimismo, en su manifestación ambiental el racismo despoja a las comunidades y grupos considerados como un obstáculo al proyecto de desarrollo impulsado por el Estado y el interés privado. Por ende, lleva adelante un doble despojo: el primero representado por la exclusión de los comuneros de sus propias tierras y el segundo por el despojo de las decisiones que influyen y afectan a las comunidades racializadas ubicadas en estos territorios.

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Continuando con la discusión, se identifican otras dos afectaciones concretas a la autonomía derivadas de la estigmatización pública que sufrieron los procesos de resistencia y, en específico, la Asamblea de Amilcingo. Por un lado, a partir del hostigamiento que generó la actividad de resistencia y movilización de algunos participantes, se constató que la fuerza pública hizo un perfilamiento de los mismos: “Muchas veces [...] hasta los policías nos detenían y nos decían ¿a dónde van?, ¿a qué van? Y nos interrogaban, pues, la presión” (entrevista con Paco, 12 de julio de 2022). Este hecho constituye una forma de perfilamiento de quienes participaban en la Asamblea, consecuencia de su actividad política y organizativa, además de ser un acto de limitación a la movilidad en el territorio nacional, que da cuenta de las restricciones impuestas a la autonomía como posibilidad de ejercicio colectivo de lo político.

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Por otro lado, las acciones de resistencia contra la imposición del gasoducto en Amilcingo dio lugar a una respuesta organizada para impedir que los tubos fueran enterrados en los territorios del poblado. Esto implicó un choque con la empresa encargada de la ejecución del proyecto, cuya consecuencia fue la militarización del territorio. Martín, colaborador de la Asamblea, mencionó sobre este hecho:

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Pues acá trataban de intimidar, porque sí había tiempos cuando estaba más difícil, mandaban soldados, mandaban muchos policías y trataban de, como que ya te espantaban. En el campo, en la parte donde se estaba llevando el gasoducto, había muchos soldados, policías. También, si salías, encontrabas dos, tres patrullas que se iban siguiendo con mucha gente. El gobierno, su idea era intimidar para que la gente se desanimara de luchar, o sea, que vean que no se puede con ellos. En esa parte nos dominaban y luego también no podías… como que ya no tenías confianza en acudir así en las partes que… en servicios del gobierno, porque andabas incómodo de que te pueden hacer algo, de que andábamos seguido ahí (entrevista con Martín, 12 de julio de 2022).

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Este fragmento de la entrevista con Martín da cuenta de las afectaciones ocasionadas a la autonomía colectiva e individual por la militarización de la vida cotidiana en Amilcingo. El perfilamiento racial y la militarización de la vida siempre tienen objetivos muy concretos: además de la clara intimidación que implican las armas, se trata de una demostración de fuerza dirigida a aplacar la resistencia. En este sentido, es posible rastrear la sensación de miedo que producía esta presencia armada en el territorio, extendida a los servicios proporcionados por el gobierno en otros ámbitos. A la vez, esto hace visible el vínculo entre gobierno y fuerzas militares y policiales. Aunado a ello, la presencia armada en los territorios puede dar lugar a una sensación de confinamiento de las poblaciones, lo que significa una afrenta a sus derechos de movilidad y existencia en la propia comunidad. La presencia militar aumenta el miedo y la posibilidad de brotes de violencia provenientes del mismo cuerpo del Estado. En su trasfondo, el miedo tiene como objetivo paralizar las luchas por la autonomía.

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Dado todo lo anterior, no resulta extraño que haya habido injerencias e intervenciones del gobierno o sus representantes para intentar minar el proceso de resistencia desde adentro. El testimonio de Martín a este respecto es bastante esclarecedor:

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Incluso una vez nos citó un diputado que supuestamente venía a unirse y a platicar con nosotros, que nos venía a ayudar y a la mera hora decía que no, que él venía nada más a decirnos que qué queríamos de proyectos, que él tenía proyectos de 350 mil pesos libres, que quién los quería, que nomás se alejara de la lucha (entrevista con Martín, 12 de julio de 2022).

Este testimonio da cuenta de que el gobierno utilizó todos los medios a su disposición para intentar quebrar el proceso de resistencia de Amilcingo, siendo claro que se trató de quebrantar la unidad interna de la organización incluso con dinero. Así lo describe también Ceci:

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El gobierno vino y compró a la gente, compró a la gente a escondidas, de cualquier forma. Aprovechó la oportunidad, un gobierno oportunista, porque si alguna persona tenía, por ejemplo, un apellido que le faltara una letra porque el municipio no lo hizo bien o porque algo haya pasado, él hacía todos esos arreglos con tal de que, pues, que firmaran donde estaban de acuerdo que pasara el gasoducto. Empezó a ofrecer dinero, casa por casa de las personas que atravesaba en sus terrenos. Prácticamente, el gobierno compró a la gente, no fue la gente voluntaria de decir que le convenía que pasara. Era a escondidas de sus familias, llegaban y le entregaban su cheque (entrevista con Ceci, 12 de julio de 2022).

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Ésta es una práctica aplicada comúnmente a los procesos de resistencia contra proyectos extractivistas o energéticos en territorios de comunidades organizadas y es parte de la estrategia clientelar que implementan diversos entes gubernamentales para imponer proyectos de esta índole. En este punto, es factible percibir que la intervención gubernamental en los asuntos de la organización para favorecer la desagregación de las voluntades por medio de prebendas se hizo notar en Amilcingo, aunque no tenemos manera de comprobar el daño concreto que esta estrategia provocó en el proceso.

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Un último aspecto sobre los límites impuestos a la autonomía está relacionado con el asesinato de Samir Flores. No queremos volver sobre las características del hecho, sólo mencionar que entre los repertorios para romper la resistencia utilizados por el gobierno y el grupo opositor local afiliado al pri se atentó de manera concreta contra la vida de quien fue la figura más visible y representativa de la resistencia en Amilcingo. Este hecho ocasionó la pérdida irreparable de un luchador comprometido, a lo que se sumaron las implicaciones de despojo y violencia inherentes al hecho mismo. Refiriéndose a la muerte de Samir, su compañera Liliana comentaba:

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Ha tenido un impacto muy fuerte en la familia, en el movimiento. De repente nos costaba trabajo aceptarlo, fue un golpe muy fuerte. Hasta ahorita estamos volviendo a retomar muchas cosas en la comunidad. Pero nosotros, como comunidad, tenemos que levantar y entender que la lucha es por nosotros y no por una persona solamente, es por nuestra tierra, nuestro territorio, nuestra comunidad (entrevista con Lili, 12 de julio de 2022). 

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Llegado este punto, quisiéramos mencionar brevemente lo que consideramos como resultados favorables del proceso de la Asamblea en Resistencia de Amilcingo en términos del planteamiento de formas propias de gestionar diferentes aspectos de la vida comunitaria en medio de la coyuntura del pim. A este respecto, mencionaremos cuatro elementos relevantes para el proceso: la gestión de la escuela, la radio comunitaria, el reconocimiento de los usos y costumbres en Amilcingo y la gestión de una brigada propia de salud. Todos estos elementos, proponemos, son simientes de formas otras de sociabilidad autónomas que hacen frente a las formas estatales y gubernamentales de gestión de diversos aspectos de la vida que, en Amilcingo, tuvieron y tienen aún —en algunos aspectos— cabida desde nociones otras de sociabilidad. 

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A partir de la muerte de Samir se estrecharon vínculos con organizaciones como el cni y colectivos solidarios de fuera del pueblo, los cuales han estado presentes en Amilcingo realizando diferentes labores. Entre estos lazos, nos contamos nosotros y nosotras, participantes en el seminario de “Autonomía vs. Hegemonía”, quienes tuvimos la oportunidad de colaborar en diversos trabajos comunitarios, entre ellos, la construcción de la casa de la familia de Samir, la limpieza de la escuela primaria y el diseño de dibujos en su patio central, la limpieza de la barranca y la proyección de películas centradas en la defensa del territorio y el agua. 

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