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Luz Raquel Padilla fue una madre de 35 años de edad que fue quemada viva por unos vecinos en Zapopan, Jalisco. El trágico evento ocurrió a pesar de que, meses antes, ella había denunciado a sus agresores ante las autoridades locales por amenazas. Debanhi Escobar, por su parte, fue una joven de 18 años de edad que fue reportada como desaparecida por sus familiares, luego de haber sido vista por última vez en una carretera del estado de Nuevo León, México. Dos semanas después, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de las instalaciones de un motel sobre la misma carretera, con evidentes signos de violencia.
Pierre Gaussen, en su libro El nuevo Plan de Ayutla. Génesis de las autodefensas guerrerenses (1998-2013), plantea el origen de las policías comunitarias en Guerrero como respuesta organizada de las comunidades ante la presencia de las fuerzas armadas (FF.AA.) y grupos paramilitares durante la Guerra Sucia, en la década de los setenta, así como ante la inserción del narcotráfico en la zona en las subsecuentes décadas.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesnsp), en el año 2021 Guerrero se ubicó en el lugar número 29 en tasa de feminicidios, es decir, 0.93 por cada 100,000 habitantes. Mientras que, en homicidios culposos de mujeres, ocupó el lugar número 14 a nivel nacional. En cuanto a la violencia histórica, según el inegi, Guerrero tuvo sus tasas más altas delictivas entre los años 2014-2018, siendo su pico de 53,875 por cada 100,000 habitantes.
Cruz y Hernández narran, en su tesis de licenciatura, la anécdota de una niña de 11 años de edad, quien, al ver las fotos de la marcha conmemorativa del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata (10 de abril de 2013) organizada por la Policía Ciudadana y Popular (pcp), exclamó “¡¡¡Todo esto pasó y yo aquí lavando trastes!!!” (2020:190).
Según el inegi, en 2021 el Estado de México tuvo una tasa de incidencia de 45,501 por cada 100,000 habitantes; sólo por debajo se posicionó la Ciudad de México, con una tasa de 45,386 en el mismo año. Mientras que Nuevo León registró 34,009. En ese mismo año, encabezó la lista nacional en número de feminicidios, con 145 víctimas (El Economista, 3 de febrero de 2022).
Luz Raquel Padilla fue una madre de 35 años de edad que fue quemada viva por unos vecinos en Zapopan, Jalisco. El trágico evento ocurrió a pesar de que, meses antes, ella había denunciado a sus agresores ante las autoridades locales por amenazas. Debanhi Escobar, por su parte, fue una joven de 18 años de edad que fue reportada como desaparecida por sus familiares, luego de haber sido vista por última vez en una carretera del estado de Nuevo León, México. Dos semanas después, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de las instalaciones de un motel sobre la misma carretera, con evidentes signos de violencia.
Introducción
Los feminicidios de Luz Raquel Padilla y Debanhi Escobar durante 2022 se suman a los de miles de jóvenes en México que estremecen e indignan, tanto por la violencia con la que les fue arrebatada la vida como por la actitud indolente y fallida de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la impartición de justicia. Con un número cada vez más creciente de feminicidios en el país, donde en 2021 fueron asesinadas 3,462 mujeres, lo que en promedio significó 10 asesinatos diarios y un incremento de 7.1% con respecto al año anterior (El País, 31de diciembre de 2021), resulta impostergable la discusión de propuestas efectivas para la prevención de la violencia y del feminicidio que acompañen reflexivamente las movilizaciones masivas desplegadas por miles de mujeres, en las que las más jóvenes han constituido su mayor fuerza.
En el presente ensayo nos preguntamos: dada la ineficacia que han evidenciado las respuestas gubernamentales ante la creciente ola de violencia, en general, y contra las mujeres, en particular, ¿qué alternativas se están generando desde los sectores subalternos para enfrentar la problemática de la inseguridad?, ¿cuáles han sido sus contextos de surgimiento, formas de expresión e impactos concretos? El objetivo del presente ensayo es reflexionar sobre la posibilidad de rescatar elementos de las experiencias de los sistemas de justicia comunitaria (sjc) de pueblos del estado de Guerrero, en México, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en otros contextos a través de procesos de autoorganización social.
En primera instancia, situaremos, a través de gruesas pinceladas, elementos históricos que nos permitan entender el origen de las policías comunitarias e identificar los elementos organizativos que componen los sistemas de justicia comunitaria. Para llegar, finalmente, a hacer un análisis sobre los procedimientos y aspectos organizativos que pueden contribuir a la disminución de la violencia contra las mujeres y la impartición de una justicia efectiva para las víctimas y las comunidades en su conjunto.
Surgimiento y funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia comunitaria
La autoorganización es una forma ancestral utilizada por los pueblos mesoamericanos para afrontar sus diversas necesidades y problemáticas diarias; en cuestión de seguridad y justicia, poseen una larga tradición para dirimir los conflictos y problemas que se presentan en sus comunidades. La seguridad comunitaria tiene antecedentes desde la época precolombina (Lima, 2015), que han sobrevivido en un proceso complejo de reminiscencias y adaptación de las formas tradicionales de gobierno de los pueblos indígenas a las cambiantes circunstancias derivadas de los diferentes procesos de nuestra historia, desde la Colonia e Independencia, pasando por la República y la Revolución, hasta llegar a la actualidad (Gaussens, 2020).
Tras el periodo revolucionario, los autogobiernos y sistemas normativos consuetudinarios indígenas perviven bajo una permanente presión por el proceso de mestizaje y aculturación, derivado tanto de la política indigenista, paternalista y clientelar del Estado (López en Gasparello y Quintana, 2009) como de la modernización, urbanización y desarrollo capitalista que experimentó México a lo largo del siglo xx. Al resquebrajarse el régimen posrevolucionario, entre las décadas de los sesenta y setenta, en las zonas rurales se conformaron organizaciones indígenas y campesinas que buscaban escapar del control estatal y defender sus derechos e, incluso, formaron guerrillas que se enfrentaron directamente con el Estado.
En un nuevo periodo marcado por la crisis económica y la reconfiguración del Estado en el contexto del viraje neoliberal, a inicios de los ochenta, las comunidades indígenas y campesinas renovaron y revitalizaron las formas ancestrales de los pueblos para ejercer su autodeterminación en un proceso de adaptación y tensiones con el Estado; emergiendo nuevos fenómenos organizativos que darían paso al surgimiento de las Policías Comunitarias a mediados de la década de 1990. Posteriormente, a partir de la “guerra al narcotráfico” iniciada en 2007, cuando los índices delincuenciales se exacerbaron rebasando a las instituciones del Estado, surgieron diversos procesos populares y ciudadanos para proteger a sus comunidades ante la creciente ola de criminalidad que ha venido asolando al territorio nacional.
En México existen diversas experiencias de autogobierno comunitario e implementación de la seguridad y justicia, como los topiles y policías de bastón, las guardias indígenas en el norte, centro y sureste del país (Sierra en Valladares, 2014), hasta procesos más recientemente estructurados, como las Juntas zapatistas de Buen Gobierno en Chiapas o las Policías Comunitarias y Ciudadanas en Guerrero. Aunque sería importante rescatar lecciones y aprender de todos esos procesos, quienes escribimos este ensayo retomaremos específicamente las experiencias de las Policías Comunitarias y Ciudadanas en Guerrero.
En 1995 se formaron los primeros grupos de comunitarios, designados en asamblea, encargados de realizar rondines para resguardar los caminos y poblados; nacieron como respuesta espontánea para defenderse de los grupos delincuenciales que operaban en la región de La Montaña y Costa Chica de Guerrero. A partir de 1998, al ver que los delincuentes que atrapaban eran liberados por las corruptas instituciones ministeriales, se conformaron los primeros órganos para impartir justicia según sus sistemas normativos tradicionales, bajo una óptica no punitiva, sino de reconciliación y cohesión comunitaria (Horta y Aburto, 2016). Estos sistemas comunitarios han mostrado una gran eficacia para combatir la criminalidad, logrando una reducción drástica de los índices delictivos en los municipios donde operan; están basados en los principios de “investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar antes que castigar, no hacer distinción [...] e impartir una justicia pronta y expedita”, con lo que se ha logrado una “justicia pública y colectiva”, legitimada y controlada por las comunidades, ya sea a través de sus autoridades electas o de las asambleas generales, las que resuelven en casos graves (Gasparello y Quintana, 2009: 62).
A partir de la implementación de estos mecanismos comunitarios de impartición de justicia, quienes son detenidos por la Policía Comunitaria ya no son llevados a las instituciones gubernamentales, sino que comienzan un proceso de reeducación impartido por las propias comunidades, basado no en la idea de castigo, sino en la de rehabilitación y reintegración de las personas, a quienes ya no se considera como delincuentes que perpetraron un crimen, sino como vecinas de la comunidad que cometieron una falta o error, por el cual ya no deben pagar con multas sino con trabajo social, mismo que es llevado a cabo rotativamente en diversas comunidades por la persona retenida para resarcir el daño causado; tras esto, si muestra un buen comportamiento, es liberado bajo resguardo de su familia y vigilancia de toda la comunidad.
Sistemas de justicia comunitarios como alternativas para las mujeres ante la violencia
El análisis de los sistemas de seguridad y justicia comunitarios (sscj) como un modelo para la prevención de la violencia contra las mujeres y el feminicidio en otras regiones, necesita partir, al menos, en dos sentidos: en primera instancia, valorar cómo y en qué medida los sjc han impactado en la problemática central de este ensayo dentro de sus propios territorios y, en segundo lugar, ¿qué elementos se pueden rescatar de las policías comunitarias para su aplicación en otros espacios y qué adaptaciones tendrían que realizarse?
Llama la atención que, en medio del crecimiento exponencial de feminicidios y dado que las policías comunitarias han motivado varias investigaciones académicas y periodísticas como un referente de justicia directa aplicada por las propias comunidades, hasta el momento en México no existen estudios sistemáticos sobre cómo los modelos de sistema de justicia comunitaria (ssjc) impactan en la atención particular de la violencia contra las mujeres y del feminicidio.
A pesar de la carencia de estas fuentes de investigación, sí podemos observar elementos adyacentes que nos permiten analizar el tema, tales como:
a) Partimos de la hipótesis de que los ssjc en Guerrero contribuyen a reducir los feminicidios al interior de sus territorios, en comparación con el resto del país, como resultado de su intervención de seguridad comunitaria en general. En las estadísticas nacionales nos percatamos de que en Guerrero, a pesar de ser un estado con una larga trayectoria de violencia criminal y estatal, el número de feminicidios no se equipara con el de otros estados, como el Estado de México, Veracruz o Nuevo León, que cuentan, simultáneamente, con altos índices de violencia general y de asesinatos de mujeres.
b) Otro impacto positivo es la incipiente, pero significativa, incorporación de mujeres a las estructuras de las policías comunitarias; habiendo sido el caso más visible el de Nestora Salgado, ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (crac-pc), y, actualmente, el de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (crsj-pcp), ya que de las y los cuatro dirigentes del Consejo de Gobierno Seguridad y Justicia Indígena (cgsj), dos son mujeres jóvenes y nahuas, Citlaly Pérez y Yoltsin Zeferino. Estas experiencias abren una grieta dentro del régimen gerontocrático masculino de los gobiernos tradicionales, como los llama Pierre Gaussens, quien observa un “proceso de feminización y rejuvenecimiento” (2020: 267) en estos sistemas a partir del contexto de emigración. La participación de liderazgo de estas tres figuras dentro de procesos organizativos trascendentales para su comunidad les permite ser un referente para otras mujeres, especialmente, para las generaciones más jóvenes.
c) Los casos eficaces de reeducación y reintegración a la comunidad de quienes cometen faltas en general, sean de individuos o grupos, como los documentados por Mariela Cruz y Manuel Hernández en su tesis de licenciatura (2020), dan cuenta de una estructura y procedimientos de justicia funcionales aplicados por la Policía Ciudadana y Popular (pcp), tanto para la prevención de abusos entre familias por concepciones discriminatorias de género como para la resolución de conflictos en la comunidad en el corto plazo, por ejemplo, la apropiación por particulares de bienes comunales, intentos de violación, agresiones físicas y verbales; entre otras faltas de las que se han ocupado como pcp.
Consideramos que la efectividad de los procedimientos aplicados por las policías comunitarias sólo es posible por la articulación orgánica de tres elementos fundamentales: su organización y procedimientos comunitarios, la responsabilidad que asumen los miembros que son elegidos para formar parte de los ssjc y el consenso social de la comunidad, tanto en la aceptación de estos sistemas comunitarios de justicia y de gobierno como en su participación directa en este proceso, ya que, aunque no ocupen algún cargo en sus sistemas de gobierno en ese momento, tienen conocimiento de los faltantes, son testigos y, muchas veces, partícipes de los casos que llegan a la fase de reeducación, porque ésta se realiza dentro de los espacios comunes y la reintegración inicia con la presentación de la persona reeducada a la comunidad.
El contexto histórico y cultural de Guerrero, particularmente en los municipios donde existen los ssjc, como Temalacatzingo o Ayutla, ha sido fundamental para la conformación de estos sistemas de justicia y de gobierno comunitario: contextos rurales con población indígena y mestiza; con usos y costumbres oficializados, en el caso de Ayutla, como autonomía municipal; con un núcleo ontológico de servicio hacia la comunidad, como la faena, que implica la participación activa de la población organizada en asambleas y en comités de gestión alrededor de las principales actividades de reproducción de esas comunidades, como también en los ámbitos productivo (agricultura), político y religioso (Gaussens, 2020). Esto ha permitido tejer herramientas sociales y organizativas más sólidas para prevenir feminicidios en las zonas donde operan los ssjc en comparación con otros estados del país.
Si analizamos los estados con mayor número de feminicidios en México, por ejemplo el Estado de México, se puede observar que, en general, son contextos con dinámicas sociales más individualizadas, fragmentadas, con limitadas posibilidades de arraigo y gentrificadas; sobre todo en las grandes urbes donde trabajo, escuela y residencia ocurren en zonas geográficas alejadas entre sí. El Estado de México es uno de los estados que encabeza los índices delictivos a nivel nacional, lo que, junto a la ineficiencia y corrupción de las autoridades, genera mayor desconfianza e inseguridad en la población y hacia las autoridades. En suma, todos estos elementos constituyen un caldo de cultivo para la impunidad de cualquier delito o violencia, incluyendo aquella contra las mujeres.
Si bien la impunidad es comúnmente conocida como la falta de castigo por parte de las instituciones del Estado sobre algún delito, nos parece importante introducir el término impunidad social como la falta de corrección, reeducación, sanción o enmienda por parte de la sociedad sobre un agravio o falta hacia sus integrantes. Puede incluir toda omisión e indiferencia de quienes rodean la comisión de un delito, o bien, acciones que aplaudan la agresión, mientras que se ignora a la víctima, se la silencia o denosta. En cualquiera de estos casos, en los hechos, la impunidad social promueve la reproducción de estas violencias.
Por lo anterior, consideramos de suma importancia minar las bases de la impunidad social para avanzar en estrategias que permitan la prevención y atención de cualquier tipo de violencia contra las mujeres, particularmente, contra el feminicidio. En ese sentido, la implementación real de procedimientos comunitarios, como los que se imparten en las comunidades donde funcionan los ssjc, suponen la generación de condiciones para disuadir el ejercicio de la violencia contra las mujeres.
En esta primera reflexión sobre los ssjc como modelos de intervención para atender los graves problemas de violencia contra las mujeres, vamos con la segunda pregunta: ¿se puede implementar un Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria en otras zonas? Consideramos que sí, siempre y cuando se genere una base social organizada y participativa como sustrato fundamental del terreno a sembrar.
No se puede obviar la dinámica distinta de las ciudades, que rompe el tejido comunitario bajo lógicas individualistas a otros contextos, debido a que su efectividad depende, en gran medida, de procesos sociales orgánicos, como lo acabamos de ver. Por lo tanto, se considera necesario generar una base social comunitaria que permita reestructurar los vínculos sociales promoviendo verdaderos trabajos de servicio comunitario autónomo en torno a las necesidades locales; fomentar la formación de asambleas en las comunidades como espacios de deliberación donde, entre todos y todas, discutan las problemáticas comunes y sus formas de abordaje; se definan estrategias de prevención de la violencia y del feminicidio, en las cuales se pueden rescatar acciones coordinadas como los rondines, mediante comités, y realizar un trabajo profundo de reeducación en la comunidad para promover relaciones más equitativas.
Reflexionar sobre cómo podremos rescatar los principios de la reeducación y la reinserción versus la perspectiva punitiva del Estado en comunidades más complejas, lo cual requerirá no sólo delegar dichas tareas exclusivamente a los especialistas, sino que también será necesario involucrar al conjunto de la sociedad en esta titánica tarea.
Reflexión final: bemoles de un proceso vivo
Nos gustaría terminar este trabajo planteando la siguiente interrogante: ¿qué elementos de los ssjc en general se pueden rescatar? Para responder debemos plantear cuáles son los factores que sustentan la eficacia de los Sistemas de Seguridad y Justicia Comunitarios, así como sus alcances y límites. A ese respecto, un elemento central reside en que la misma población que padece los efectos de la criminalidad es la que se organiza para combatirla, con lo cual se evita, en alto grado, la omisión e incluso la colaboración de las instituciones de seguridad con los grupos delincuenciales, lo que ha facilitado su debilitamiento, desarticulación y expulsión de las comunidades organizadas.
Asimismo, al involucrarse las comunidades de una determinada región, se minan las bases que permiten la impunidad social, al tiempo que se inhibe la corrupción de los propios órganos de seguridad y justicia comunitarios, pues la participación de las y los pobladores ejerce un control democrático, desde las bases, a través de métodos asamblearios. Con ello se desplaza a las instituciones corruptas y burocráticas, tanto policiales como judiciales, y se implementan mecanismos propios de los pueblos, apegados a los usos y costumbres de sus comunidades, basados en una concepción colectiva, pública, transparente y participativa. Así, al permitir la reapropiación democrática y colectiva de las funciones sociales de seguridad y justicia, a partir de la autoorganización comunitaria, estas experiencias constituyen formas de autodeterminación y gérmenes emancipatorios, en tanto minan las bases sociales que propician la alienación de la seguridad y la justicia públicas por cuerpos extraños, situados aparte y por encima de la sociedad como expresiones fetichizadas del poder concentrado en el Estado.
Ahora bien, también debemos de señalar los límites que caracterizan a estas experiencias de autoorganización comunitaria pues, por sí mismos, estos organismos son incapaces de resolver los problemas estructurales a nivel socioeconómico y político, que constituyen las bases materiales de la inseguridad, la criminalidad y la violencia; por el contrario, solamente han logrado aminorar de forma importante sus efectos. Asimismo, al surgir y desenvolverse entre los lindes del Estado, estos procesos padecen el constante hostigamiento, la presión e influencia corruptora de las instituciones gubernamentales, lo que en ciertos casos ha causado desgaste, fracturas y cooptación de liderazgos.
Finalmente, en el área particular de género, hasta ahora los ssjc no cuentan con una estrategia específica para atender el problema de violencia contra las mujeres y el feminicidio en sus comunidades, sino que, al parecer, forma parte de la multiplicidad de problemáticas de seguridad en las que intervienen. Sin embargo, las investigaciones y la sistematización de estas experiencias podrían abrir brechas necesarias para desarrollar la forma como estos procesos abordan el tema de la violencia contra las mujeres y el feminicidio, lo que, además, ayudaría a sectores sociales de otras latitudes a atender la problemática en las diferentes regiones de México.
Aprender y rescatar aspectos de los sscj implica pensar y construir en comunidad un proyecto de largo alcance, transgeneracional, donde la organización sea constante para los cambios profundos y estructurales que se necesitan en aras de prevenir la violencia y el feminicidio y, así, fundamentar las bases de una sociedad que no tenga que llorar por sus hijas desaparecidas, donde las mujeres puedan caminar libres y seguras.
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